El Perú en el Consejo de Seguridad de la ONU (2018 - 2019)

La reciente elección del Perú como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), significa un reconocimiento al rol del Estado peruano, como difusor de la paz y cooperación en el sistema internacional y dentro de la región sudamericana. Durante el periodo 2018 – 2019 , el Perú, junto a Bolivia, estará encargado de velar por la seguridad internacional, la defensa de los principios que la comunidad internacional y la Carta de las Naciones Unidas recogen.

Por consiguiente, las atribuciones por pertenecer al Consejo de Seguridad giran en torno a las decisiones vinculantes en los ámbitos de soluciones pacíficas de controversias, la recomendación y elección de magistrados en los órganos correspondientes de las Naciones Unidas, la manutención de la paz, y el uso de la fuerza si el contexto lo requiere. La responsabilidad internacional del Perú se centra en decidir y votar justamente por el bienestar de los demás Estados miembros de las Naciones Unidas, cuya autoridad es cedida mediante el artículo 25 de las Naciones Unidas.

La importancia de esta elección para el Perú, equivale a la consolidación de su imagen internacional como promotor de los pilares fundacionales de las Naciones Unidas, pero sobre todo, del afianzamiento de los objetivos nacionales del Estado Peruano. Cabe mencionar que las políticas exteriores del Perú han estado íntimamente relacionadas a los gobiernos de turno, pues los constantes golpes de Estado a lo largo de la vida republicana, han obstaculizado la formulación y arraigo de una política exterior que sea imprescindible para el desarrollo de nuestro país. De esta manera, la estructuración de la política exterior peruana se originó a inicios del presente siglo, con el regreso de la democracia. Con esto no nos referimos a que existe una correlación directa entre democracia y políticas de Estado, pues existen ejemplos de autoritarismos con políticas de Estado eficientes como lo es China, Singapur, entre otros; sino que en el caso peruano, el consenso transversal de todos los sectores públicos , partidos políticos, sociedad civil, entre otros, lograron que en el 2002, el Acuerdo Nacional sea una de las bases fundamentales del nuevo modelo de política exterior que el Estado buscaba concretar. 

Este documento hace extensivo su compromiso con el desarrollo pleno de la diplomacia nacional orientada a defender los intereses de los permanentes del Estado, la promoción de la integración mediante organismos multilaterales, la defensa de los Derechos Humanos, desarrollo sostenible, la lucha contra el terrorismo, entre otros. Por otro lado, el Plan Bicentenario “El Perú hacia el 2021”, sigue esta misma línea, presentando como lineamientos base a la participación del Perú dentro de los foros supranacionales reconocidos por el Derecho Internacional, el respeto de la soberanía de los Estados, entre otros. Es así que podemos ver como ciertamente la elección del Perú en el Consejo de Seguridad no forma parte del azar, pues el trabajo de las esferas públicas, encargadas de articular las políticas de Estado, han sido constantes desde hace más de una década. El Perú es reconocido regionalmente como un Estado que ha dedicado su trabajo a afianzar las relaciones de cooperación económica con los demás actores estatales y no estatales, mediante el libre mercado y las buenas relaciones de respeto mutuo. 

En este sentido, el desempeño del Perú en el Consejo de Seguridad va a significar un hito para la política exterior peruana, pues se demostrará la capacidad de gestión y propuesta para resolver los asuntos que se presenten en el periodo electivo establecido. Es evidente que la capacidad de acción del Perú en este órgano es limitada debido al poder de veto de los miembros permanentes (Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Rusia) que, en cierto modo, fiscalizarían las propuestas que el Perú pueda plantear. El reto del Perú se encuentra justamente en este aspecto. Los negociadores peruanos deberán de determinar una ganancia cooperativa en los aspectos que las potencias puedan asumir como riesgosas. Sin duda alguna es una tarea complicada y a su vez, una oportunidad para demostrar que el Estado peruano posee las condiciones y está en vías de consolidar su papel en el sistema internacional, como un actor imprescindible y decisivo en los foros multilaterales.

Prognosis Internacional: Situación Internacional de Venezuela

La situación en Venezuela cada vez agrava y la reacción internacional solo se limita a pronunciamientos. Como ya es de conocimiento público, la maniobras del Gobierno de Maduro por controlar un país que se fracciona políticamente y se desploma económicamente, ha demostrado una vez más que el nacionalismo chavista-bolivariano es un proyecto fallido, conformado por ideales erróneos maquillados como “Socialismo del Siglo XXI”.

Es importante resaltar que el giro político en los últimos años  ha cambiado el panorama. La era de Hugo Chávez promocionada por el crecimiento de la economía china y los precios altos del petróleo que, sin duda alguna, influyeron en su poder político, ya culminaron. Hoy en día, el acercamiento de los Estados Unidos con Cuba, la destitución de Dilma Rousseff, el ingreso de Mauricio Macri como también Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la Argentina y Perú respectivamente, ha debilitado indudablemente el accionar de Venezuela, siendo blanco de un aislamiento político por parte de las naciones latinoamericanas.

La presencia de los Estados Unidos en el caso venezolano es muy particular. Si bien es cierto, hasta la administración de Obama , se consideró a Venezuela como uno de los Estados que conforman el “Eje del mal”, sin embargo, el Gobierno de Donald Trump, no estima que la situación de Venezuela deba de ser considerada de vital importancia para la seguridad nacional americana.

Los ataques constantes a las ciudades más importantes de Europa, la Guerra Civil librada entre el Gobierno sirio, los rebeldes y el DAECH, y recientemente, la actividad belicista de Corea del Norte, evidencian que las prioridades de los Estados Unidos, como una potencia mundial, se encuentran en otra parte; mientras que la situación venezolana puede no ser de vital importancia para sus intereses inmediatos, limitando su actuación a la ampliación de las sanciones económicas impuestas por la administración pasada, así como establecer comunicación con países que no comulgan con las ideas bolivarianas, caso que viene siendo liderado por el Perú.

Si bien es cierto, la mayor exigencia para encontrar una solución inmediata al caso de Venezuela, se manifiesta por medio del Órgano Legislativo, y, sobre todo, por la opinión pública, ya sean ciudadanos estadounidenses o ciudadanos migrantes e inmigrantes que residen en dicho país. A pesar de esto, el sistema económico americano continúa adquiriendo petróleo venezolano, demostrando nuevamente que los Estados se rigen por el interés, dejando los valores democráticos como una vitrina que justifica sus performances cuando el leviatán lo considera necesario.

En tal sentido, el dilema de la situación internacional de Venezuela se esboza en el respaldo que los Estados latinoamericanos poseen sobre los valores democráticos, que a su vez, es legitimada por la población venezolana; mientras que el Gobierno de Nicolás Maduro se aventaja del respeto que estos mismos Estados poseen frente a estos valores democráticos, favoreciéndose y manipulando los principios del Derecho Internacional como la No Intervención y la Libre Determinación de los Pueblos.

El Gobierno de Nicolás Maduro obtuvo beneficios por la no aplicación del Artículo 20, 21 y 22 de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ya que su participación en dicho organismo considerado como un “ente de Washington” fue mínimo, aduciendo que su salida ya es una realidad. La OEA nunca pudo demostrar liderazgo debido a la influencia de Venezuela con los demás Estados centroamericanos y caribeños, que están bajo los efectos de las relaciones recíprocas asimétricas, pues para ser suspendido, fue necesario el voto de los dos tercios de la Asamblea General.

El giro de una democracia que alguna vez representó el poder de un pueblo, es ahora un poder cuasi-totalitario que quiere ser edificado bajo los efectos de una  Asamblea Constituyente, para otorgarle nuevos poderes al Presidente de turno.  Aspecto que, curiosamente, va en contra de su misma Constitución, el cual mediante el  Artículo 347 afirma que: “…El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder [el pueblo], puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente…”. Demostrando que Nicolás Maduro, desde ya, asume a carta cabal el rol como “Voz del pueblo”.

En los últimos años, la situación en venezolana ha sido un duro golpe para el desarrollo de la unificación y la buena vecindad entre los países del hemisferio americano. Venezuela se muestra como un país que tiene todas las posibilidades de retomar el liderazgo económico y político. Sin embargo, la cultura política extremista y personalista, tiende a fraccionar más que unificar. No se sabe a ciencia cierta cuál será el destino de Venezuela. Cada día es un abanico de posibilidades que van desde un nuevo autogolpe, a un golpe de Estado dentro del mismo gobierno, una intervención militar extranjera, o el prolongamiento del Gobierno Bolivariano. Solo queda seguir pendientes del tema y observar con ojo crítico todas estas aristas  que nos brindan nuevas variables de análisis para el estudio del comportamiento del ser humano, y por ende, del Estado.