El Perú y los Estados Unidos: Una agenda pragmática

Las relaciones entre los Estados Unidos y el Perú han estado caracterizadas por una agenda neutral, basada en las necesidades del momento, pero sin ningún plan que influya de forma determinante. Sin embargo, no siempre han estado marcadas por una política de cordialidad, pragmatismo y cooperación. Como bien se sabe, Estados Unidos ha estado presente en los momentos más importantes de la historia peruana, aspecto que además fue determinante, ya que este ha sido mediador en conflictos que el Perú tenía con sus vecinos limítrofes.

Como puntos críticos, se puede resaltar la tensión diplomática con respecto a la venta del guano debido a la guerra civil que se desarrolló en 1858 entre Vivanco y Castilla. Asimismo, se puede decir que, en el año 1968, durante el primer periodo de la Junta Militar, las relaciones peruano- norteamericanas atravesaron un periodo de confrontación ante las políticas de expropiación de empresas estadounidenses por el gobierno de facto del General Velazco Alvarado.

El gobierno de los Estados Unidos contaba con las llamadas enmiendas Hickenlooper y Pelly, entre otras; que además de estar denominadas bajo el nombre de los legisladores norteamericanos, estaban destinadas a reducir sendos volúmenes de ayuda que proporcionaban los Estados Unidos al Perú a través de las leyes de ventas militares, ley de asistencia externa, entre otras. El entendimiento y la compensación a las empresas norteamericanas pudo restaurarse a través del Acuerdo Greene – De la Flor, pues compensó en cierta manera a las empresas norteamericanas que había sido expropiadas[1]. A finales del siglo XX, a raíz del Autogolpe de Alberto Fujimori, los Estados Unidos consideraron que el Perú nuevamente estaba yendo en contra del sistema democrático impulsado por estos, dejando las negociaciones ante una eventual ayuda frontal en la lucha antisubversiva.

Por otro lado, es evidente hacer mención que estas relaciones han estado marcadas por una inequitativa relación de poder. Indudablemente, los Estados Unidos no tienen ningún interés por el Perú más allá de mantener un aliado en la región para continuar con su presencia en América Latina. En cambio, el Perú si posee intereses que son propios de un país en vías de desarrollo que está en la búsqueda de mejorar su economía y status en el sistema internacional.

En el 2009, el Perú logró concretar un Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos que llevó al Perú ha reforzar mecanismos de control a un nivel multisectorial para poder cumplir con los estándares que la legislación estadounidense demandaba. Dentro de estos mecanismos se abordan aspectos como las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Contratación Pública, Políticas de Competencia, Telecomunicaciones, Derechos de Propiedad Intelectual, Transparencia, Medio Ambiente, entre otros[2]. Más allá de considerar los ganadores y perdedores como consecuencia de este acuerdo, el Perú pudo lograr un acercamiento significativo hacia Estados Unidos que le garantizó un puesto como un aliado económico clave en la región.

Por consiguiente, en el 2011 la Alianza del Pacífico surgió como un bloque regional que respaldaba los Tratados de Libre Comercio (TLC), contrapolándose con las políticas del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) liderada por Hugo Chávez. La agenda de los Estados Unidos saludó la iniciativa, pero no la consideró un eje de interés nacional.

En la actualidad, la administración de Donald Trump ha logrado que este aspecto sea más evidente. Su política no está dirigida hacia América Latina, pues hay mayores intereses como mantener su influencia en Asia y en el Medio Oriente, pero, sobre todo, dentro de su frontera. Es vital para los Estados Unidos mantener el status quo dentro del hemisferio americano mas no implementar o generar un nuevo sistema de relaciones que pueda contraer nuevos efectos, aunque indudablemente sus políticas nacionales tienen cierto efecto sobre sus asuntos externos, como lo es con el muro en la frontera con México. En los últimos días hemos sido testigos de cómo el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en su visita al Perú felicitó al gobierno por su apertura fronteriza hacia los venezolanos que ingresaban al país; sumándose a la lista de acciones de low politics que la administración estadounidense ha decidido tomar en este asunto.

Es así que podemos ver cómo las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos están basadas en la profundización de sus relaciones económicas -caracterizadas por una interdependencia de nuestro país hacia los Estados Unidos- iniciadas con el desplazamiento del Reino Unido a inicios del siglo XX; y por necesidades inmediatas que van marcando el accionar de ambos países conforme suceden los hechos, siempre y cuando vayan en contra de los intereses nacionales de uno de los dos actores, pero en general, de los Estados Unidos.

Bibliografía:

[1] RUBIO CORREA, JULIO FÉLIX. 2016. LAS NEGOCIACIONES POLÍTICAS EN EL TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DEL PERÚ CON LOS ESTADOS. FUNDACIÓN ACADEMIA DIPLOMÁTICA DEL PERÚ (FADP). HECHO EN EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ. LIMA, PERÚ.

[2] IBÍDEM.

Breviario peruano: Trata de Personas

Al pasar los años, nuevos métodos de criminalidad aparecen en la sociedad peruana debido a la innovación tecnológica y rutas que se construyen en el país; originando grandes retos para el gobierno peruano. Estas problemáticas han obligado al Estado a tomar acciones que puedan contrarrestar sus efectos en la sociedad. A pesar de esto, los esfuerzos estatales por erradicar los males como el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la explotación laboral, la trata de personas, y entre otros, son temas que aún no han podido ser solucionados completamente.

Hoy en día hablar de trata de personas, es hablar de prácticas que suceden diariamente y que, en cierta medida, son aceptadas por la mayoría de personas dentro del sector donde ocurren estos hechos. Es necesario tener en cuenta que al abordar la trata de personas, es mencionar todo un proceso que empieza desde la captación de las victimas mediante promesas económicas, falacias, y hasta favores familiares, para seguidamente retener su Documento Nacional de Identidad (DNI), hasta su explotación en donde se le obliga a prestar un servicio sexual, ingresar al mundo del narcotráfico, o laborar en zonas donde la minería ilegal reina; entre otras actividades.

En muchos de los casos, la trata es ejercida por personas que han dejado su calidad de victimas a ser victimarias, consolidando un proceso cíclico sin fin. Sin embargo, existen casos en donde la trata es aceptada por la victima; con lo cual, se generaría un precedente, una barrera para el procesamiento judicial posterior. Es así que, una mujer que labora como empleada del hogar o en la prostitución, puede estar bajo esta práctica teniendo plena consciencia de su rol en el crimen. La trata está ceñida a prácticas autoritarias que hacen que la víctima pierda parcialmente su libertad, poniéndolas en un estado de subciudadanos.

A pesar del esfuerzo transversal de todas las entidades del gobierno por frenar esta problemática, la trata de personas sigue avanzando y se destipifica continuamente, haciendo difícil el estudio y su ilegalización. Con esto nos referimos a que, en los documentos legales, como por ejemplo el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños – o más conocido como el Protocolo de Palermo- , no tiene una precisión y sanción específica para casos en donde, por ejemplo, haya consentimiento de la víctima. Esto hace que los códigos penales de los Estados no puedan identificar correctamente el acto ilegal.

Adicionalmente, el Estado se ve imposibilitado a intervenir en la actividad económica de las empresas que no están ligadas directamente a estas prácticas. Los vínculos con estas organizaciones criminales benefician inevitablemente a la trata de personas. Por lo tanto, tenemos casos de empresas turísticas que brindan alojamiento a turistas nacionales e internacionales que vienen y consumen en bares donde existe explotación laboral y donde se brindan servicios sexuales.

La complejidad de este tema hace que el Estado peruano tenga que reforzar su accionar para poder erradicar las nuevas formas de organizaciones criminales, basadas en el parentesco, métodos de captación, rutas de transporte y una jerarquía difusa dentro de su accionar, con la finalidad de fortalecer su soberanía dentro del territorio.

Capacidad estatal peruana: Gestión de desastres naturales

La naturaleza tiene la capacidad de reordenar las cosas a voluntad sin impedimento alguno. Esta característica es fundamental para comprender la relación estrecha entre la naturaleza y el ser humano en tanto a la construcción de la sociedad. Ante todo esto, nuestro país ha pasado, a lo largo de sus años como república, por diversos procesos naturales que han dejado estragos sociales y políticos en su desarrollo.

Es evidente que el Estado peruano no ha podido conllevar una respuesta efectiva frente a los desastres naturales en su fase preventiva. Existen diversas políticas generales que han creado un marco normativo eficaz que permite tener un panorama claro sobre estos riesgos a la sociedad. Entre estas políticas, tenemos al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) 2014-2021, que complementa la ley 29664 sobre la Gestión del Riesgos de Desastres (GRD), creando así el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Esta política abarca todos los aspectos como la prevención de los riesgos, capacidad de respuesta, recuperación económica/social,entre otras.

Asimismo, es importante mencionar que estas herramientas son parte de esfuerzos influenciados desde la esfera internacional. En el 2015, con la culminación de los objetivos del Marco de Acción de Hyogo (MAH), se adoptó un nuevo instrumento, el Marco de Acción de Sendai (2015-2030), en la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgo de Desastres organizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las ideas contenidas en este documento sientan las directrices generales de los planes nacionales que los Estados deben desarrollar y adecuar para la prevención y gestión de desastres naturales.

Por lo tanto, es importante resaltar que, a pesar de existir directrices y herramientas que nos informan sobre los procesos a seguir, la respuesta estatal peruana es muy distinta a la hora de accionar frente a los desastres naturales. Evidentemente, países del primer mundo como Japón, Estados Unidos, entre otros, poseen una infraestructura planificada que permite una respuesta rápida y eficaz ante un escenario negativo. En países en vías de desarrollo, como el Perú, la planificación urbana no ha sido promovida por el Estado. Los procesos migratorios en el país se dieron con mayor fuerza a partir de la década de los setenta, dando paso a asentamientos humanos y la construcción de zonas urbanas en donde la naturaleza tiene un curso natural.

A pesar de tener políticas centrales sobre la GRD, que están contempladas en documentos transversales como el Acuerdo Nacional (Política N° 32 y 34) y el Plan Bicentenario hacia el 2021 ( Eje N° 6), la capacidad estatal del Perú es muy tardía y poco eficaz. La geografía del país, la descontinuación de las políticas en los niveles de gobierno y la poca presencia del Estado para la organización territorial, son variables que nos ayudan a comprender por qué la gestión estatal se centra más en la respuesta – que en muchos de los casos es tardía- y recuperación económica/social, que en la prevención planificada. Adicionalmente, los procesos de transparencia son fundamentales para contrarrestar actos de corrupción que afectan directamente al presupuesto dirigido a infraestructura, ocasionando el debilitamiento de sus respectivas zonas administrativas.

Es menester que la administración peruana ejerza más su soberanía en el territorio para poder tener un mejor control de los procesos de urbanización, pues la legalización de estos procesos podría prevenir el asentamiento en lugares que son geográficamente inhabitables. El anhelo del Perú por ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene que incentivar la mejora de estos aspectos, ya que solo así se puede tener un desarrollo que vaya de acorde con los procesos naturales.

Balances en la Cuenca del Pacífico

Hablar de la complejidad del mundo, es hacer mención a todos los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que se desarrollan dentro del sistema internacional. A fines del siglo pasado, con la victoria de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, en el periodo denominado la Guerra Fría, las políticas neoliberales tomaron mayor protagonismo en las administraciones estatales. El sistema internacional pasó de la predominancia de los asuntos netamente políticos a económicos.

En los últimos años, los intentos por formular un acuerdo comercial que involucre a las economías más dinámicas del Asia Pacífico, se direccionaron hacia el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Este acuerdo involucró a doce países: Japón, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile. El liderazgo de los Estados Unidos en este aspecto finalizó paralelamente con el término del mandato de Barack Obama; el rumbo comercial de los Estados Unidos viró hacia el inicio de una era de proteccionismo y aislacionismo dirigido por Donald Trump. El retiro de los Estados Unidos del TPP es, sin duda alguna, algo que ya se había anunciado por el mismo mandatario y por lo tanto, esperado. Estas acciones generaron en su momento un clima de incertidumbre en los acuerdos que se habían concretado previamente en las diversas rondas negociadoras del presente acuerdo.

Sin embargo, la salida de los Estados Unidos, más allá de perder un socio comercial importante, brinda una oportunidad para el Perú. El nuevo acuerdo impulsado por Japón, a raíz de la salida de los Estados Unidos, reagrupa a los once países que apuestan por el libre comercio. La necesidad de competir en el mercado estadounidense ha dejado de ser un factor importante. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) firmado en marzo del 2018, en su estructura, cuenta con los mismos puntos negociados previamente a excepción de aquellos en donde la administración de Obama puso más énfasis referidos a propiedad intelectual, entre otros.

A lo largo de los últimos veinte años, la hegemonía estadounidense se ha venido debilitando. Desde la infructuosa invasión a Iraq y Afganistán, el contrapeso a sus intereses a surgir de parte de China y hoy en día por el despertar de Rusia. Dentro de los intereses chinos, el Área Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP), es un documento, negociado desde el 2006, que pretende tener las mismas características que el TPP11. Los intereses chinos giran en torno a lograr también la Alianza Regional económica (RCEP) que conforma países del mar continental chino. La posición de Rusia frente a los cambios geopolíticos en el sudeste asiático, van hacia la consolidación de la Unión Económica Euroasiática (UEE), y en especial, el fortalecimiento de Rusia en el sudeste asiático. Este acercamiento económico se va efectuando mediante herramientas comerciales hacia los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), siendo Vietnam el primer país con el cual se firma un Tratado de Libre Comercio (TLC).

China y Rusia son conscientes que la lucha por la hegemonía en Asia, no solo se da por medio de la “reconquista” económica sino en el rol que se debe de proyectar frente al Océano Pacífico, espacio decisivo para el control y el posicionamiento en las diversas tensiones que podrían producirse en esta parte del globo. Las relaciones internacionales en el Asia – Pacífico están pasando por un contexto de cambios profundos, de nuevos mecanismos de integración y de nuevas alianzas que van a determinar el desarrollo del comercio exterior y la política internacional, dejando de lado a los Estados Unidos junto a su doctrina proteccionista del “America First”.

Perspectivas regionales: Venezuela, un Estado en juego

El 2019 para Venezuela empieza con una gran tensión entre los poderes del Estado. La situación actual del país ha derivado en la agudización de las contradicciones sociales/ políticas; entre los simpatizantes del chavismo y la oposición, demostrando que el sistema político venezolano atraviesa por su crisis más importante desde los últimos años.

Para comenzar, es importante mencionar que el sueño chavista de impulsar un proyecto netamente venezolano de un “Socialismo del Siglo XXI”, se ha visto derivado en un proyecto sin rumbo ni base. Un sistema basado en la militarización del poder y el poco respaldo a la clase obrera, demuestra que el experimento chavista bolivariano-nacionalista está pasando por un momento en donde las políticas paternalistas buscan justificar su posicionamiento en el poder. Por consiguiente, se ha logrado institucionalizar un proyecto sistemático de corrupción, vinculado posiblemente con actos ilícitos como el narcotráfico, que sólo ha generado el debilitamiento de su economía y como el de su legitimidad frente al sistema interamericano e internacional.

De igual manera, las victorias chavistas en tanto a los proyectos sociales, hoy en día ya no tienen el mismo impacto como lo tuvieron durante la gestión del difunto ex presidente Hugo Chávez (que además tuvo el apoyo del gran auge económico chino) generando un descontento dentro de los mismos sectores chavistas.

En respuesta a este status quo, la Asamblea Nacional (AN), elegida democráticamente por el pueblo, ha buscado apoyo en la comunidad internacional para una posible intermediación diplomática y hasta militar. Es importante mencionar que la oposición venezolana, a lo largo de los últimos años, no ha podido unificar sus propuestas y presentar una fuerza consolidada que pueda hacer frente al chavismo. Por lo tanto, no ha sido hasta la designación del diputado Juan Guaidó como “Presidente Interino” de Venezuela, por parte de la Asamblea Nacional, en el que se ha podido tener una respuesta única de alcance nacional como internacionalmente frente al gobierno de Nicolás Maduro.

La respuesta del oficialismo fue declarar, mediante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional, tanto a sus acciones como a sus propuestas legislativas, invalidando a Guaidó como jefe de Estado. La ambigüedad existente frente al argumento de ambos sectores pone en cuestión diversos aspectos. Por un lado, la posible falta de claridad en las elecciones generales en donde solo el oficialismo participó, dando como ganador a Nicolás Maduro, y, por otro lado, el argumento de la existencia de una “usurpación” que permite la aplicación del artículo 233, el cual da facultades a la Asamblea Nacional de renovar el mandato popular.

Análogamente, esta crisis es el reflejo de un proceso que se ha venido desarrollando en la historia americana reciente del siglo XXI, marcada por los profundos cambios políticos/económicos que han configurado el hemisferio americano en bloques. Si bien es cierto, los esfuerzos de los países de América Latina por obtener un resultado que pueda beneficiar a ambas partes, se ve obstaculizado por el endurecimiento del gobierno de Maduro. El Grupo de Lima, un bloque regional liderado por el Perú, ha expresado su reconocimiento al recién electo presidente interino de Venezuela, una clara demostración de su postura contra del régimen chavista de Maduro, a pesar de que este reconocimiento, curiosamente, solo sea a nivel gobierno y no de Estado. Como es de conocimiento general, el reconocimiento hacia un presidente implica que este tiene el control sobre los niveles que le competen dentro de su administración, por lo tanto, este debería ejercer su mandato sobre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros (que no reconocen a Guaidó como presidente electo). Cosa que en la praxis no sucede.

En consecuencia, los esfuerzos internacionales por presionar a Venezuela mediante tres canales (economía, política y diplomacia), demuestran la voluntad interamericana de hacer prevalecer los principios recogidos por la Carta Interamericana, respaldando la protección de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, entre otros. Es bajo esta premisa que la posibilidad de una posible intervención militar solo debilitaría los principios del Derecho Internacional y, por ende, del sistema interamericano. Asimismo, la posibilidad de una injerencia militar por parte de los Estados Unidos es casi nula. Esto se debe ya que Venezuela no representa un riesgo o algún aspecto determinante para los intereses nacionales de la administración de Donald Trump. Del mismo modo, los países latinoamericanos son respetuosos del principio de no intervención, dejando así de lado algún argumento sobre una posible injerencia militar; pues esta representaría un fraccionamiento del Estado venezolano, gestando focos reaccionarios en ambos sectores políticos que se podrían utilizar como una condición legítima para nuevos conflictos, dejando a un país sin ningún rumbo político claro.

En conclusión, podemos decir que nos encontramos con un panorama que se presenta incierto ante tantas posibilidades. Venezuela, un país importante dentro de la historia americana, pasa hoy por una de sus crisis políticas y económicas más importantes. Con una gran hiperinflación, polarización política y presión internacional, Venezuela deberá de asumir el mejor camino con la finalidad de beneficiar o perjudicar a una de las partes, siendo así el desenlace que la historia nos dejará escrita.