La naturaleza tiene la capacidad de reordenar las cosas a voluntad sin impedimento alguno. Esta característica es fundamental para comprender la relación estrecha entre la naturaleza y el ser humano en tanto a la construcción de la sociedad. Ante todo esto, nuestro país ha pasado, a lo largo de sus años como república, por diversos procesos naturales que han dejado estragos sociales y políticos en su desarrollo.
Es evidente que el Estado peruano no ha podido conllevar una respuesta efectiva frente a los desastres naturales en su fase preventiva. Existen diversas políticas generales que han creado un marco normativo eficaz que permite tener un panorama claro sobre estos riesgos a la sociedad. Entre estas políticas, tenemos al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) 2014-2021, que complementa la ley 29664 sobre la Gestión del Riesgos de Desastres (GRD), creando así el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Esta política abarca todos los aspectos como la prevención de los riesgos, capacidad de respuesta, recuperación económica/social,entre otras.
Asimismo, es importante mencionar que estas herramientas son parte de esfuerzos influenciados desde la esfera internacional. En el 2015, con la culminación de los objetivos del Marco de Acción de Hyogo (MAH), se adoptó un nuevo instrumento, el Marco de Acción de Sendai (2015-2030), en la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgo de Desastres organizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las ideas contenidas en este documento sientan las directrices generales de los planes nacionales que los Estados deben desarrollar y adecuar para la prevención y gestión de desastres naturales.
Por lo tanto, es importante resaltar que, a pesar de existir directrices y herramientas que nos informan sobre los procesos a seguir, la respuesta estatal peruana es muy distinta a la hora de accionar frente a los desastres naturales. Evidentemente, países del primer mundo como Japón, Estados Unidos, entre otros, poseen una infraestructura planificada que permite una respuesta rápida y eficaz ante un escenario negativo. En países en vías de desarrollo, como el Perú, la planificación urbana no ha sido promovida por el Estado. Los procesos migratorios en el país se dieron con mayor fuerza a partir de la década de los setenta, dando paso a asentamientos humanos y la construcción de zonas urbanas en donde la naturaleza tiene un curso natural.
A pesar de tener políticas centrales sobre la GRD, que están contempladas en documentos transversales como el Acuerdo Nacional (Política N° 32 y 34) y el Plan Bicentenario hacia el 2021 ( Eje N° 6), la capacidad estatal del Perú es muy tardía y poco eficaz. La geografía del país, la descontinuación de las políticas en los niveles de gobierno y la poca presencia del Estado para la organización territorial, son variables que nos ayudan a comprender por qué la gestión estatal se centra más en la respuesta – que en muchos de los casos es tardía- y recuperación económica/social, que en la prevención planificada. Adicionalmente, los procesos de transparencia son fundamentales para contrarrestar actos de corrupción que afectan directamente al presupuesto dirigido a infraestructura, ocasionando el debilitamiento de sus respectivas zonas administrativas.
Es menester que la administración peruana ejerza más su soberanía en el territorio para poder tener un mejor control de los procesos de urbanización, pues la legalización de estos procesos podría prevenir el asentamiento en lugares que son geográficamente inhabitables. El anhelo del Perú por ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene que incentivar la mejora de estos aspectos, ya que solo así se puede tener un desarrollo que vaya de acorde con los procesos naturales.
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