El 2019 para Venezuela empieza con una gran tensión entre los poderes del Estado. La situación actual del país ha derivado en la agudización de las contradicciones sociales/ políticas; entre los simpatizantes del chavismo y la oposición, demostrando que el sistema político venezolano atraviesa por su crisis más importante desde los últimos años.
Para comenzar, es importante mencionar que el sueño chavista de impulsar un proyecto netamente venezolano de un “Socialismo del Siglo XXI”, se ha visto derivado en un proyecto sin rumbo ni base. Un sistema basado en la militarización del poder y el poco respaldo a la clase obrera, demuestra que el experimento chavista bolivariano-nacionalista está pasando por un momento en donde las políticas paternalistas buscan justificar su posicionamiento en el poder. Por consiguiente, se ha logrado institucionalizar un proyecto sistemático de corrupción, vinculado posiblemente con actos ilícitos como el narcotráfico, que sólo ha generado el debilitamiento de su economía y como el de su legitimidad frente al sistema interamericano e internacional.
De igual manera, las victorias chavistas en tanto a los proyectos sociales, hoy en día ya no tienen el mismo impacto como lo tuvieron durante la gestión del difunto ex presidente Hugo Chávez (que además tuvo el apoyo del gran auge económico chino) generando un descontento dentro de los mismos sectores chavistas.
En respuesta a este status quo, la Asamblea Nacional (AN), elegida democráticamente por el pueblo, ha buscado apoyo en la comunidad internacional para una posible intermediación diplomática y hasta militar. Es importante mencionar que la oposición venezolana, a lo largo de los últimos años, no ha podido unificar sus propuestas y presentar una fuerza consolidada que pueda hacer frente al chavismo. Por lo tanto, no ha sido hasta la designación del diputado Juan Guaidó como “Presidente Interino” de Venezuela, por parte de la Asamblea Nacional, en el que se ha podido tener una respuesta única de alcance nacional como internacionalmente frente al gobierno de Nicolás Maduro.
La respuesta del oficialismo fue declarar, mediante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional, tanto a sus acciones como a sus propuestas legislativas, invalidando a Guaidó como jefe de Estado. La ambigüedad existente frente al argumento de ambos sectores pone en cuestión diversos aspectos. Por un lado, la posible falta de claridad en las elecciones generales en donde solo el oficialismo participó, dando como ganador a Nicolás Maduro, y, por otro lado, el argumento de la existencia de una “usurpación” que permite la aplicación del artículo 233, el cual da facultades a la Asamblea Nacional de renovar el mandato popular.
Análogamente, esta crisis es el reflejo de un proceso que se ha venido desarrollando en la historia americana reciente del siglo XXI, marcada por los profundos cambios políticos/económicos que han configurado el hemisferio americano en bloques. Si bien es cierto, los esfuerzos de los países de América Latina por obtener un resultado que pueda beneficiar a ambas partes, se ve obstaculizado por el endurecimiento del gobierno de Maduro. El Grupo de Lima, un bloque regional liderado por el Perú, ha expresado su reconocimiento al recién electo presidente interino de Venezuela, una clara demostración de su postura contra del régimen chavista de Maduro, a pesar de que este reconocimiento, curiosamente, solo sea a nivel gobierno y no de Estado. Como es de conocimiento general, el reconocimiento hacia un presidente implica que este tiene el control sobre los niveles que le competen dentro de su administración, por lo tanto, este debería ejercer su mandato sobre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros (que no reconocen a Guaidó como presidente electo). Cosa que en la praxis no sucede.
En consecuencia, los esfuerzos internacionales por presionar a Venezuela mediante tres canales (economía, política y diplomacia), demuestran la voluntad interamericana de hacer prevalecer los principios recogidos por la Carta Interamericana, respaldando la protección de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, entre otros. Es bajo esta premisa que la posibilidad de una posible intervención militar solo debilitaría los principios del Derecho Internacional y, por ende, del sistema interamericano. Asimismo, la posibilidad de una injerencia militar por parte de los Estados Unidos es casi nula. Esto se debe ya que Venezuela no representa un riesgo o algún aspecto determinante para los intereses nacionales de la administración de Donald Trump. Del mismo modo, los países latinoamericanos son respetuosos del principio de no intervención, dejando así de lado algún argumento sobre una posible injerencia militar; pues esta representaría un fraccionamiento del Estado venezolano, gestando focos reaccionarios en ambos sectores políticos que se podrían utilizar como una condición legítima para nuevos conflictos, dejando a un país sin ningún rumbo político claro.
En conclusión, podemos decir que nos encontramos con un panorama que se presenta incierto ante tantas posibilidades. Venezuela, un país importante dentro de la historia americana, pasa hoy por una de sus crisis políticas y económicas más importantes. Con una gran hiperinflación, polarización política y presión internacional, Venezuela deberá de asumir el mejor camino con la finalidad de beneficiar o perjudicar a una de las partes, siendo así el desenlace que la historia nos dejará escrita.
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